La función de un correcto asesoramiento fiscal no ha de ser otra que la de realizar una planificación preventiva capaz de erradicar posibles futuras contingencias que lastren, en forma de costes tributarios imprevistos, la marcha económica de las sociedades mercantiles. Por ello, corresponde a la ordenada gestión empresarial invertir en un asesor fiscal con el fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en el marco de la actividad de la empresa y, al mismo tiempo, definir la estructura organizativa que minimice la carga tributaria a que la mercantil deberá hacer frente.
Este es el fundamento de la “economía de opción“, término cada vez más empleado para referirse a la habilidad de la gestión empresarial para introducir las cargas fiscales en su función de costes productivos, y tratar de optimizar dicha función dentro del marco legal preestablecido. Como es evidente, la eficiente minimización de las susodichas cargas fiscales tiende a aportar a la empresa una ventaja comparativa respecto a su competencia.
